La Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo acordaron promover y desarrollar acciones conjuntas que permitan una eficaz prevención y detección de actos de corrupción en el Estado, a través de una Alianza Estratégica que suscribieron hoy.
El documento suscrito en horas de la mañana por el Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, y la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero, precisa que se pretende establecer mecanismos de cooperación mutua –en el marco de sus competencias funcionales- para el fortalecimiento de las capacidades internas de ambas instituciones, para promover la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y fomentar una mayor transparencia y fortalecimiento de la ética pública en el país.
Las principales líneas de acción en la ejecución de la Alianza Estratégica contemplan la capacitación en materias de derechos humanos, vulneración de derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, control gubernamental, denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción, entre otros. Asimismo, la coordinación de mecanismos relativos a la prevención, detección y lucha contra la corrupción; así como la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.
El convenio, que tiene una vigencia de dos años, precisa que ambas entidades se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución de la presente Alianza Estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El documento suscrito en horas de la mañana por el Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, y la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero, precisa que se pretende establecer mecanismos de cooperación mutua –en el marco de sus competencias funcionales- para el fortalecimiento de las capacidades internas de ambas instituciones, para promover la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y fomentar una mayor transparencia y fortalecimiento de la ética pública en el país.
Las principales líneas de acción en la ejecución de la Alianza Estratégica contemplan la capacitación en materias de derechos humanos, vulneración de derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, control gubernamental, denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción, entre otros. Asimismo, la coordinación de mecanismos relativos a la prevención, detección y lucha contra la corrupción; así como la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.
El convenio, que tiene una vigencia de dos años, precisa que ambas entidades se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución de la presente Alianza Estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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