miércoles, 15 de diciembre de 2010

Dimite Ministro de Medio Ambiente Checo salpicado por Corrupción






15-12-2010 / 16:20 h

Praga, 15 dic (EFE).- El ministro checo de Medio Ambiente y vicepresidente del gobernante partido ODS (conservador), Pavel Drobil, anunció hoy en Praga su dimisión salpicado por un supuesto caso de corrupción.

Drobil y personas próximas al ministro son sospechosos, según ha denunciado un ex alto cargo de ese ministerio, de querer hacerse con unos 20 millones de euros para el partido inflando artificialmente los precios de una contrata pública.

El caso fue denunciado por Libor Michalek, responsable del Fondo Estatal de Medio Ambiente hasta ser cesado ayer por el ministro, quien aseguró que había sido sometido a presiones por parte de dos personas cercanas al ministro.

El objetivo de esas presiones, que el alto funcionario grabó secretamente, era obtener dinero ilegal para financiar la carrera política del Drobil.

El ministro dimitido permanecerá en su cargo hasta que la coalición de Gobierno adopte esta semana en el Parlamento los presupuestos generales del año 2011.

Mientras, la oposición socialdemócrata, que había pedido desde el lunes la dimisión de Drobil, aseguró que decidirá mañana si lanza una moción de censura.

La policía anticorrupción de la República Checa ha empezado a investigar el caso. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=625893


Hoy se realizará feria contra la corrupción


AREQUIPA CERCADO. Con la participación de instituciones públicas, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Ministerio del Interior y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), comprometidas en la luchar contra la corrupción, hoy en el parque Libertad de Expresión de Umacollo se efectuará la Feria Anticorrupción �Yo no me callo�.

Esta actividad, organizada por la Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Programa Umbral Anticorrupción, la Corporación Desafío del Milenio y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, se iniciará a las 10:00 horas.

�La corrupción está en todos los niveles, hay que acabar con ella y la población es la llamada a hacer sus denuncias. En la feria de mañana (hoy) tendremos stands informativos y se instalará un stand para denuncias�, indicó el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Manuel Amat Llerena.

MOTIVACIÓN. Ayer por la mañana, personal de Lima, así como trabajadores de la Defesoría del Pueblo en Arequipa, realizaron un interesante pasacalle con zancos y payasos, entregando en su recorrido por las calles de la ciudad volantes alusivos a la anticorrupción.


http://correoperu.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=5&txtSecci_id=12&txtSecci_parent=0&txtNota_id=504547

domingo, 12 de diciembre de 2010

Comunicore: delitos están confirmados


Por Daniel Yovera

Un año después de la primera denuncia que Perú.21 publicara sobre la sospechosa operación de pago de S/.35.9 millones de la Municipalidad de Lima a la empresa Comunicore (edición 16-12-09), el Ministerio Público, que decidió investigar el hecho, ha denunciado a Luis Castañeda Lossio y a sus principales gerentes y colaboradores, y ha ratificado que las irregularidades advertidas a lo largo de 2010 por Perú.21 son, simplemente, delitos.

El jueves 9 de diciembre, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios –en un documento de 212 páginas con número de Ingreso 10-2010– denunció por delito contra la administración pública-colusión desleal en agravio del municipio a Castañeda y a sus gerentes Ángel Pérez Rodas, Juan Blest García y Carlos Chávez Málaga.

También denunció por el mismo delito al propietario de Comunicore y exgerente financiero de Relima, Miguel Garro a su abogado, Guillermo Palacios Dodero; al exdirectivo de Comunicore José Luis Pinillos Broggi –primo político de Castañeda–; así como a Gonzalo Noya Mesones y Joule Handi Vila Vila –reclutadores de los pobladores de Comas–, entre otros personajes.

Castañeda y Blest también fueron denunciados por el delito contra la administración pública en la modalidad de malversación de fondos. Vila Vila lo fue por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos.

LOS HECHOS. La Fiscalía ha demostrado que la gestión de Castañeda no tenía dinero disponible para pagarle a Comunicore, pero lo consiguió a como diera lugar, sacando millones de una y otra partida que nada tenían que ver con deudas.

Ello, sumado a la revelación que Perú.21 hizo una semana atrás, de que el municipio le pagó S/.4.8 millones ‘extra’ a esta empresa, evidencian una categórica improvisación y dolo en los mejores gerentes de Castañeda, que lo acompañan desde los tiempos del IPSS.

Según la Fiscalía, los S/ 35.9 millones se pagaron con tres partidas presupuestales: S/.6’261,556, del Proyecto Institucional de Apertura; S/.8’044,377, de Recursos Directamente Recaudados; y S/.21’635,532, del Saldo de Reestructuración Bancaria. Solo el primero de los rubros, el menor, estaba presupuestado y tenía financiamiento. El resto, no.

Para conseguir la suma restante, la gestión de Castañeda obtuvo créditos de varios bancos para reestructurar deudas –por S/.87 millones– pero usó poco más de S/.65 millones. Quedaron S/.21.6 millones, que, según la Fiscalía, el municipio no usó “ex profesamente” con el fin de destinarlos a Comunicore.

Pero por cuestiones de partidas presupuestarias, la gestión de Castañeda no podía usarlo directamente y recurrió a S/.21.6 millones que pertenecían al presupuesto del Circuito Mágico del Agua. Dinero que luego repuso con los S/.21.6 millones mencionados en el párrafo anterior. Toda una jugada. Recién con esa triangulación, Blest ya tuvo cómo pagar.

RAPIDEZ BAJO LA MESA. Es conocido que para diciembre de 2005, el municipio había acordado con Relima –la propietaria inicial de la deuda– pagarle los S/.35.9 millones en un fraccionamiento de diez años, conveniente para la comuna. Sorpresivamente, el 20 de diciembre, la transnacional le vendió su deuda a Comunicore, por S/.14.6 millones.

El martes 27, Relima le informa a la comuna de la nueva propietaria de la deuda, Comunicore; el viernes 30, Blest le dice a Comunicore que el pago no sería a diez años sino en días y al contado. El martes 3 de enero de 2006, empieza a pagar.

Pero en ese trayecto ocurrieron tres hechos inexplicables. El miércoles 28 de diciembre, Blest le pide a Asesoría Jurídica del municipio que opine si el pago a Comunicore era atendible, pero Blest pagó sin esperar la respuesta. Esta llegó recién el 18 de enero de 2006.

El segundo hecho ocurrió el viernes 30 de enero, cuando la Subgerencia de Presupuesto le dice a Blest que sí era posible pagar, pero que “se precisaba de la autorización del Concejo Municipal”. Como todo se hizo entre gallos y medianoche, a los regidores los pasaron por alto. Y tercero, la comuna firmó el convenio de pago con Comunicore nada menos que el lunes 2 de enero, día feriado para el sector público.

Todo este apuro tuvo que ser regularizado en marzo del año 2006 –cuando la deuda ya había sido pagada– durante un pleno de regidores en el que se aprobó un movimiento de partidas presupuestarias. Como nada fue específico, los concejales ignoraron que esa había sido la jugada para obtener el dinero para Comunicore. Castañeda es quien preside esos concejos.

CUENTAS SOBREGIRADAS. Según Castañeda, el pago de esa deuda fue la quintaescencia para la comuna y la ciudad. Pero la Fiscalía demuestra que las cuentas del municipio no tenían suficientes recursos o estaban sobregiradas.

Se ha demostrado –como lo ha repetido *Perú.21*– que hubo un cúmulo de hechos para sacar dinero de donde no había, a como diera lugar; que se saltó la ley con garrocha; y que se sacó un tremendo conejo del sombrero edil. ¿Fueron ingeniosos los gerentes de Castañeda? Sin duda. Pero para la Fiscalía incurrieron en delito.

Castañeda, según la Fiscalía, no ha estado al margen de todos estos hechos que terminaron por beneficiar a Comunicore. El ahora candidato a presidente nunca fue capaz de resguardar los recursos de la ciudad.

http://peru21.pe/noticia/683019/caso-comunicore-delitos-estan-confirmados

Fiscalía denunció a Castañeda Lossio por malversación, colusión desleal y delito contra la administración pública


Según el diario Perú.21, el jueves último, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios denunció por delito contra la administración pública-colusión desleal en agravio del municipio al candidato presidencial Luis Castañeda Lossio y a sus gerentes en la comuna limeña Ángel Pérez Rodas, Carlos Chávez Málaga y Juan Blest García.

A este último, con Castañeda, se denunció por el delito contra la administración pública en la modalidad de malversación de fondos.

Ello, a raíz del pago de S/.35,9 millones a la firma Comunicore, a pesar de que el municipio no contaba con los recursos suficientes para ello, por lo que tuvo que sacar montos de una y otra partida. El pago incluiría un ‘extra’ de S/.4,8 millones a favor de la empresa, según otra investigación del referido diario.

Con Castañeda, también se denunció por el mismo delito al propietario de Comunicore y exgerente financiero de Relima, Miguel Garro; su abogado, Guillermo Palacios Dodero; al exdirectivo de Comunicore José Luis Pinillos Broggi —primo político del ex alcalde—.

”SERÁ UNA DENUNCIA FÁCIL DE DESBARATAR”
Al respecto, esta mañana Castañeda Lossio habló en RPP. El candidato presidencial de Solidaridad Nacional aseguró tener “la conciencia tremendamente tranquila. No sé cuál es el texto de esa presunta denuncia (también publicada por Diario 16), pero seguramente va a ser muy fácil desbaratarla”.

“Qué raro que tengan acceso a una acusación que todavía no está notificada” dijo sobre las publicaciones e indicó que estas tendrían vínculos con ciertos candidatos en competencia.

“Me sorprende el asedio de los diarios que son hostiles y permanentemente vinculados a determinados candidatos”, deslizó.

Aunque aceptó que él mismo colaboró con la Fiscalía para que el tema sea investigado, deberá esperar a que el Poder Judicial admita la acusación formulada por el Ministerio Público.

sábado, 11 de diciembre de 2010

La corrupción se ha institucionalizado con Mohamed VI, según WikiLeaks


París, 11 dic (EFE).- Las prácticas de corrupción en Marruecos, "que existían durante el reinado de Hasán II", se han "institucionalizado" con su hijo, el rey Mohamed VI, según datos revelados hoy por WikiLeaks a través del diario "Le Monde".

La corrupción en el país magrebí ocupa una parte "no desdeñable" de los cables de la diplomacia estadounidense procedentes de Marruecos filtrados por WikiLeaks y en los que se señala que es una "práctica extendida", afirma el vespertino francés.

"Afecta tanto a los civiles como a los militares, ignora las clases sociales y alcanza hasta al Palacio Real", escribe "Le Monde", que se hace eco de la experiencia de un empresario extranjero con interés en invertir en un proyecto inmobiliario.

Ese empresario, del que no se da el nombre, sufrió las consecuencias del retraso del proyecto, para el que contaba ya con financiación, e ignoraba las causas del aplazamiento hasta que una compañía, "vinculada al Palacio Real", le comunicó que éste tenía especial interés en que se contara como socio a la sociedad marroquí.

"Le Monde" continúa: el empresario extranjero rechazó la propuesta, pero aceptó posteriormente -después de meses de bloqueo del proyecto- intermediar entre la firma marroquí e inversores de un país del golfo Pérsico.

Cuando esta intermediación tuvo éxito, la empresa marroquí reclamó ya solamente una participación del 5% en el proyecto inmobiliario.

En el mismo cable, fechado en noviembre de 2009, se cita a un hombre del mundo de las finanzas que asegura a su interlocutor que en Marruecos "las grandes decisiones de inversión (privadas)" necesitan del visto bueno de tres personas "con una posición de privilegio en el corazón de la monarquía".

En otro cable al que alude "Le Monde" fechado en agosto de 2008, se insiste en la "corrupción institucionalizada" que se detecta en las "altas esferas" de las Fuerzas Armadas Reales, especialmente en las destacadas en el Sahara Occidental.

En concreto, se cita al general Abdelaziz Benanni, de quien se dice que utiliza su posición para obtener dinero procedente de contratos militares y que así tiene influencia en "decisiones sobre el ámbito de los negocios".

También se alude a la importancia del "tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y una corrupción endémica" en el crecimiento económico de la ciudad de Casablanca.

Se da el ejemplo, según WikiLeaks, de los intentos del consulado estadounidense en esa ciudad de ampliar sus dependencias, cuyos responsables afirmaron que, de la treintena de sitios identificados como susceptible de ser interesantes para la operación, "se tuvo que excluir a más de veinte porque los propietarios no querían vender en una transacción oficial". EFE



http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=621437

viernes, 10 de diciembre de 2010

La crisis eleva la corrupción en todo el mundo, según Transparencia Internacional


La crisis ha espoleado la corrupción en los últimos tres años en todo el mundo, especialmente en Norteamérica y Europa, según el Barómetro Global de la Corrupción 2010, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI). En el top ten de los corruptos, la organización coloca a Afganistán, Nigeria, Irak e India, seguidos de China, Rusia y gran parte de Oriente Próximo. La empresa privada, los organismos religiosos y los partidos son los sectores más corrompidos. "El mensaje de este barómetro", resume TI, es que "la corrupción es insidiosa". "Hace a la gente perder la fe. La buena noticia es que la gente está dispuesta a actuar", sentencia.

El documento destaca que el 73% de los ciudadanos encuestados en Europa y el 67% de los interrogados en América del Norte consideran que este tipo de delitos económicos ha aumentado en el último trienio en sus respectivos países. En contraste, el promedio mundial de los que creen que la corrupción se ha incrementado en este período se sitúa en el 56% -seis de cada 10 ciudadanos-, mientras que el 30% piensa que se ha mantenido y sólo un 14% entrevé una mejoría. Uno de cada cuatro encuestados reconoció haber pagado sobornos en el último año, en la mayoría de los casos a la policía.

Los partidos, entre corruptos y extremadamente corruptos

Los países en que sus ciudadanos perciben que la corrupción ha empeorado en los últimos tres años son Senegal (88%), Rumanía (87), Venezuela (86), Papúa Nueva Guinea (85), Portugal (83), Perú (79) y Pakistán e Irak (77). En España, un 73% de los encuestados considera que la corrupción se ha extendido en este período, frente al 24% que mantiene que sigue constante y el escaso 3% que cree que se ha reducido. Con todo, España, cuya percepción se establece en la media europea, ha mejorado su posición global en el índice al pasar del puesto 23 en 2007 al 32 de los 86 estados encuestados en 2010. Según ha valorado el presidente de Transparencia Internacional-España, Jesús Lizcano, "el panorama es muy negativo" puesto que la percepción de la corrupción "ha aumentado en la mayoría de los países", tanto que "puede provocar un estado de alarma". No obstante, ha destacado que este aumento se desprende también de la concienciación y educación de los ciudadanos, que se han vuelto más críticos con la crisis.

"La crisis financiera continua afectando a la opinión de la gente sobre la corrupción, especialmente en Europa y en Norteamérica", asegura por su parte la presidenta de TI, Huguette Labelle, en un comunicado. Por eso, aboga por que los gobiernos de todo el mundo "muestren su resolución y se esfuercen por restaurar el buen gobierno y la confianza" de sus ciudadanos en las instituciones públicas. Este estudio, distinto al Indice de Percepción de la Corrupción que también publica con carácter anual TI, no clasifica a los países en un ránking único, sino que tiene un enfoque temático. En esta edición, el Barómetro Global de la Corrupción se centra, entre otros asuntos, en la percepción pública de la transparencia de las instituciones.

La ONG alemana, que ha entrevistado a 91.500 personas de 86 países y territorios, califica de "triste" que ocho de cada diez encuestados a nivel global consideren que los partidos políticos son "corruptos" o "extremadamente corruptos", seguidos en falta de transparencia por el funcionariado público y los órganos legislativos nacionales. Los españoles comparten la percepción global de que el poder político es el sector más infectado por las prácticas corruptas y les dan un 4,4 de valoración -en una escala del 1 al 5, donde el 1 indica el nivel sin corrupción y el 5 indica la máxima corruptela-, en la línea del 4,2 de valoración global. Según se desprende del informe, España es el país europeo, junto a Irlanda e Italia, que peor considera a su partidos políticos, sólo superado por Grecia y Rumania (4,5); algo que se reproduce en la consideración de los organismos religiosos, con un 3,5 que, a nivel global, sólo es superado por tres naciones: Japón e Israel (4), e Irlanda (3,9).

"Nunca los partidos han tenido tan mala imagen", ha subrayado en su interpretación de los datos el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, quien ha destacado asimismo el "empeoramiento en Europa en cuanto a percepción y victimización". "Es espectacular el crecimiento del reconocimiento de pagos de sobornos", ha apuntado. En 2005 los españoles "no reconocían pagar sobornos a ninguna institución", pero en 2007 ya era una realidad reafirmada por un 2% de la población, ha recordado Villoria, al tiempo que ha incidido en el 5% de los españoles que ha admitido haber pagado "una mordida" en 2010, lo que supone que una de cada 20 personas en España ha accedido al pago de cantidades a instituciones públicas de forma ilegal.

TI destaca no obstante que siete de cada diez encuestados a nivel mundial aseguran que denunciarían un caso de corrupción, un porcentaje que se reduce al 50% en el caso de ser víctimas personales de un delito económico de este tipo. En cuanto a los segmentos de población afectados por el soborno, los más perjudicados siguen siendo los sectores pobres y los jóvenes. Al igual que en encuestas anteriores, son aquellos con menos ingresos quienes afirman pagar más sobornos. Los más pobres tienen el doble de probabilidades que aquellas de mayores ingresos de pagar sobornos para acceder a prestaciones básicas. De hecho, un tercio de todas las personas menores de 30 años afirma haber pagado un soborno en los últimos doce meses, lo que en el caso de los mayores de 51 años son solo uno de cada cinco. Además, la mitad de las personas entrevistadas considera que las medidas tomadas por su gobierno para contrarrestar la corrupción son ineficaces.




http://www.elpais.com/articulo/internacional/crisis/eleva/corrupcion/todo/mundo/Transparencia/Internacional/elpepuint/20101209elpepuint_9/Tes


La corrupción profundiza la pobreza y limita el desarrollo del país


El ex procurador ad hoc para los casos Fujimori-Montesinos, José Ugaz, sostuvo que la corrupción “es un cáncer que impide el desarrollo y profundiza la pobreza sobre en todo en zonas como el VRAE”.

Ugaz cuestionó de esta forma el constante tráfico ilegal de madera, el ingreso impune de insumos químicos para el narcotráfico, entre otros problemas que generan graves daños el medio ambiente.

“La corrupción pone en peligro la vida de miles de ciudadanos en regiones como el VRAE, pues está la falta de control por la complicidad de malos funcionarios permite el tráfico de madera ilegal, el ingreso de los insumos químicos para el narcotráfico y la operación de industrias extractivas ilegales”, sostuvo Ugaz.

En Diálogo Ciudadano de INFOREGIÓN, que se transmite desde San Francisco hacia todo el VRAE, destacó que las Naciones Unidas hayan creado un día contra la corrupción para celebrar a nivel mundial el esfuerzo contra uno de los fenómenos más perniciosos para la humanidad.

“Hace pocos días, Transparencia Internacional, ha hecho público el índice global de la corrupción, donde el Perú aparece con una nota altísima de ciudadanos que consideran que el gobierno no está haciendo nada para luchar contra este fenómeno, pues su desempeño en materia de lucha contra la corrupción es altamente deficiente”, lamentó.

Gobierno de Fujimori el más corrupto


José Ugaz recordó que en la historia del Perú no ha habido un índice tan alto de corrupción como el ocurrido en el régimen de Fujimori y Montesinos porque “fue una corrupción organizada”.

“No es casual que en el Perú 14 generales de las Fuerzas Armadas hayan terminado en la prisión por actos de corrupción, el propio presidente de la República, la Fiscal de la Nación, magistrados de la Corte Suprema, el presidente del Tribunal Electoral, congresistas, banqueros, alcaldes, propietarios de medios de comunicación, etc. Eso revela que fue una captura total del Estado y ha generado un daño del cual todavía no nos podemos recuperar”, señaló el ex procurador ad hoc.

Más adelante advirtió que la corrupción genera el empobrecimiento de la población, al afectar los sistemas de contrataciones, judicial o financiero, alejar las inversiones, crear un sistema económico paralelo y dilapidar los recursos públicos.



http://www.inforegion.pe/portada/80108/la-corrupcion-profundiza-la-pobreza-y-limita-el-desarrollo-del-pais/

Ministra del trabajo pide denunciar actos de corrupción


En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, la ministra de Trabajo, Manuel García, instó a la población a denunciar cualquier acto de corrupción que cometa algún funcionario público, para que pueda ser severamente sancionado.

Recordó que dentro de las políticas de gobierno se vienen implementando una mayor agilidad en los procesos administrativos sino que éstos serán gratuitos y que van de la mano con una política anticorrupción.

"Es por eso que todos los sueldos y salarios de los trabajadores del sector público están colocados en las páginas web de los ministerios, donde se puede ver de manera trasparente cuál es el manejo", manifestó García.

Rescató igualmente la necesidad de establecer políticas de estímulo a los funcionarios que actúan con honestidad para que sirvan de ejemplo a los corruptos.

Villasante: "Necesitamos insituciones transparentes"
Por otro lado, el titular del sector Producción, Jorge Villasante, señaló que la lucha contra la corrupción requiere del fortalecimiento de la institucionalidad en el Perú para que las instituciones avancen en evitar los actos de corrupción.

"Tenemos que lograr que existan instituciones que funcionen bien, que transparenten su información, permanentemente actualizada a través de los portales institucionales", insistió.

Coincidió así mismo en la necesidad de acabar con la toleracia de los actos de corrupción y agregó que los funcionarios públicos deben tener el suficiente coraje para denunciar este tipo de prácticas ilegales.

"Pero también desde la ciudadanía tiene que haber el suficiente coraje para señalar a quienes puedan cometer estos actos", señaló.

Rescató, al respecto, la norma recientemente promulgada por el Ejecutivo
que le confiere facultades sancionadoras a la Contraloría General de la República a nivel administrativo.

Los países de América L. deben hacer mayores esfuerzos para implicar más al sector privado y a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción


Brasilia, 10 dic (EFE).- Los países de América Latina y el Caribe deben hacer mayores esfuerzos para implicar más al sector privado y a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, recomendó hoy la Organización de Estados Americanos (OEA) al concluir una conferencia sobre ese asunto en Brasilia.

"Es muy cómodo para el sector privado criticar sin asumir sus responsabilidades", dijo el titular de la Contraloría General de Brasil, Jorge Hage, al clausurar la III Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

En una resolución adoptada en la segunda y última jornada de la cita, el MESICIC instó al sector privado a colaborar "tanto en la prevención como en el combate contra la corrupción", así como en la "recuperación de los activos" procedentes de ilícitos en la gestión pública.

También se recomienda al MESICIC que adopte una metodología para las visitas a los países miembros de la OEA, a fin de comprobar "in situ" la efectiva aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

En ese sentido, el documento apunta que "se deberá garantizar el tratamiento igualitario e imparcial para todos los Estados parte" y obtener primero la anuencia del Gobierno que será objeto de alguna visita o inspección de una misión del MESICIC.

Asimismo, la resolución pide a los países de la OEA que adopten o fortalezcan "medidas para promover la independencia y salvaguardar de amenazas o influencias indebidas a los órganos o autoridades especializados en la lucha contra la corrupción".

Otro punto del documento pide avanzar en las negociaciones ya en marcha para establecer acuerdos de cooperación entre la OEA y la Academia Internacional Contra la Corrupción (IACA), un organismo con sede en Viena inaugurado en septiembre pasado y que especializará a funcionarios de los países de la ONU en el combate de ese problema.

Según la OEA, en la conferencia se discutieron alternativas para reforzar la cooperación técnica, el intercambio de información y de experiencias y la armonización de las legislaciones entre los Estados americanos.

La inauguración de la reunión del MESICIC coincidió este jueves con la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que fue instituido por las Naciones Unidas en 2003 para sensibilizar a los Gobiernos y las sociedades sobre la necesidad de erradicar los ilícitos de la gestión pública. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=620599

Aumento de sueldo de contralor es ilegal


Crecen críticas. Congresistas dicen que incumplió Decreto de Urgencia-038-2006. Contralor responde que ley de presupuesto 2010 excluye a CGR de entidades prohibidas de ajustes salariales. Nacionalistas piden comisión investigadora.

Por Luis Velásquez C.

Las explicaciones del contralor general de la República ofrecidas a través de algunos medios radiales no lograron detener las críticas de los congresistas de la oposición, quienes no dudaron en calificar de “ilegal e inmoral” el aumento de sueldo otorgado a la plana mayor de funcionarios de esa entidad contralora, empezando por su titular, Fuad Khoury Zarzar.

El parlamentario Yonhy Lescano (AP) dijo que el contralor ha incumplido el Decreto de Urgencia-038-2006 al emitir una resolución para su beneficio personal.

“Un contralor debe ser un referente de moralidad en el país, y con esto el señor Khoury está echando por la borda todos los méritos que se tomaron en cuenta a la hora de nombrarlo”.

“Se nota que no tiene un compromiso real para cuidar los recursos del Estado. El que no cumple la ley está descalificado moralmente para ocupar un cargo de tanta importancia”, dijo Lescano.

La parlamentaria Marisol Espinoza (PN) señaló que no basta con que el contralor salga a decir “medias verdades para que las cosas se calmen, pues está claro que no cumplió una norma que está vigente (el DU-038), la cual dice que ningún funcionario público puede ganar más que el jefe del Estado, y la ley es para todos, incluso para él”.

Razones para ganar mucho más

Khoury Zarzar ha esbozado una serie de respuestas para justificar el incremento de más del 100% de su sueldo. Admitió, en dos estaciones radiales, que este es de 33,100 soles, pero que solo recibía 18 mil soles, porque –según dice– le descontaban alrededor del 30% del total.
Pero esto no coincide, pues si se aplicara el descuento del 30% Khoury percibiría 23,170 y no 18 mil soles. Es decir, seguiría ganando más que su antecesor en ese cargo, Genaro Matute Mejía, quien percibió como salario alrededor de 22 mil soles.

El titular de la contraloría afirma también que las reglas dirigidas a establecer los topes salariales de los funcionarios públicos se encuentran debidamente establecidas en la ley Nº 28212, cuyos alcances respetan la independencia de las instituciones autónomas, como el caso de la entidad que dirige. Y en virtud a ello es que decidió emitir la resolución respectiva que avala la nueva escala salarial.

Ha señalado también que la ley 29465 (Ley de Presupuesto Público 2010) no incluye a la CGR entre las entidades públicas prohibidas de usar sus recursos para aumentar el sueldo de su personal, por lo que, haciendo uso de sus facultades como contralor, señaladas en la Ley Orgánica de la Contraloría, decidió modificar la escala salarial en esa entidad.

“Hay un sector del Estado que cuenta con personal altamente calificado que tiene que ganar bien”, manifestó Khoury a una emisora radial, para luego añadir que hay necesidad de tener “funcionarios bien pagados” cumpliendo labores técnicas de alta complejidad.

Debía aclararse ambigüedad

Sobre estos argumentos, el abogado laboralista Freddy Jacinto Calixto sostiene que “no son válidos, pues el DU-038-2006 está vigente y señala que nadie puede ganar más que el presidente. Y si bien una ley orgánica tiene un rango similar a un decreto de urgencia, correspondía a la autoridad invocante, en este caso la CGR, esperar que haya una norma que aclare esta ambigüedad antes de tomar una decisión que implique el desacato de una norma vigente”.

“Mientras esté vigente el DU-038 nadie puede ganar más que el presidente de la República, y acá se ha hecho una interpretación distinta ante un panorama similar, pues el antecesor del contralor, el señor Matute Pinedo, llegó a la conclusión de que no podía ganar el sueldo que ganaba y se redujo su salario a S/.15,600”, explicó Calixto.

También la ministra de Trabajo, Manuela García Cochagne, se pronunció en torno al tema e indicó que debe ser investigado. “Todos los funcionarios estamos sujetos a investigación”, precisó.

Claves

Indignado. El líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, dijo que es una vergüenza que el contralor se haya fijado un sueldo tan alto. “De mantenerse esto significaría que se ha puesto al gato de despensero”, dijo durante la mañana.

Pedido. Al cierre de esta edición, la bancada nacionalista presentó una moción de orden del día para que se conforme una comisión investigadora de los incrementos de sueldos en la contraloría.

Matute: Se debe cumplir lo que diga Servir

El ex contralor Genaro Matute señaló que la Contraloría General de la República debe ejecutar lo que disponga la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) sobre los sueldos de sus funcionario. Advirtió además que –de no hacerlo– el contralor Fuad Khoury tendría que explicar cuáles son las razones para ganar más que el presidente Alan García.

El presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, José Vega Antonio, solicitó ayer a la CGR el sustento legal que avala el incremento de salarios en esa entidad .

Los congresistas apristas Aurelio Pastor y José Vargas señalaron que se debe oír primero al contralor antes de juzgarlo, pues consideraron que la labor que realiza es técnica y por lo tanto deber ser bien remunerada.

La resolución Nº 200-2009-CGR que avala el incremento de sueldos en la CGR fue emitida el 30 de diciembre del 2009. Según Yonhy Lescano, fue el “regalo de Año Nuevo” del contralor.


http://www.larepublica.pe/10-12-2010/aumento-de-sueldo-de-contralor-es-ilegal-0

lunes, 22 de noviembre de 2010

EL CONGRESO DECIDIÓ OTORGAR FACULTADES SANCIONADORAS A LA CONTRALORÍA


El pleno del Legislativo aprobó el Proyecto de Ley con 61 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Con esta norma, el organismo ejercerá mayor control en la lucha contra la corrupción

El pleno del Congreso de la República votó a favor de otorgar facultades sancionadoras a la Contraloría General de la República en materia de responsabilidad administrativa y funcional. La votación del pleno se realizó minutos después de las 6:00 p.m. y se exoneró el proyecto de ley de segunda votación con 55 votos a favor 2 en contra 5 abstenciones.

En diálogo con Canal N, el parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén respaldó la decisión del pleno del Legislativo y aclaró que la Contraloría solo ejercerá su función en el plano administrativo. Asimismo, indicó que la norma precisa que no deberá interferir con las investigaciones del Ministerio Pública cuando se registren delitos de corrupción.

EL PEDIDO DE KHOURY

Horas antes, el contralor general de la República, Fuad Khoury, abogó para que el pleno del Congreso apruebe el dictamen que otorga facultades. Khoury formuló esta invocación desde la galería del hemiciclo del Congreso, a donde concurrió para presenciar el desarrollo de la sesión plenaria. Consideró que la referida norma “va a marcar la diferencia entre el hoy y el mañana, en lo que respecta a la lucha contra la corrupción”.

Según explicó, esa norma cambiará el modelo de la lucha contra la corrupción al impedir que los funcionarios públicos investigados por algún acto irregular, permanezcan en sus cargos con la posibilidad de seguir cometiendo actos ilegales. “El dispositivo cambiará la lucha contra la corrupción porque en la medida que los corruptos no estén sentados contratando y aplicando sus procedimientos, vamos a tener éxito en este campo”, subrayó. (Fuente: Elcomercio.pe / Andina, Jueves 18 de noviembre de 2010 - 06:19 pm)

http://www.programaumbral.pe/noticiasdesc.asp?id=119

Actuemos juntos en la lucha contra la corrupción


En nuestro país la corrupción se manifiesta de diferentes formas y en distintos niveles. Desde la corrupción de funcionarios públicos, muchos de los cuales hemos visto en los medios de comunicación, hasta la corrupción en escuelas, establecimientos de salud, comisarías, etc. que involucran al ciudadano de a pie. Por ello, es imprescindible que en la lucha contra la corrupción intervengan todos los actores potencialmente implicados, ciudadanos y autoridades, mediante una acción colectiva.

Es erróneo pensar que la erradicación de la corrupción es un problema del cual se debe ocupar solo el Estado, ya sea a través de normas, sistemas de control institucionales más rigurosos o sanciones más drásticas. Los ciudadanos debemos actuar en forma conjunta con el Estado, ya sea para establecer mecanismos de prevención de actos de corrupción o para realizar acciones que contribuyan a su erradicación, generando una conciencia ética de interés público en la que la corrupción sea percibida como un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y no a particulares, por lo que cualquier persona estará dispuesta a denunciarla y a oponerse a su práctica.

Desde la Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción, se realiza el seguimiento de las políticas públicas del Estado, la promoción de la ética dentro de la acción pública y la prevención de la corrupción, desde un enfoque de derechos, con énfasis en las poblaciones más pobres y excluidas.

Asimismo, a través del Programa Umbral Perú (resultado de un Convenio de Donación firmado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Perú) se está trabajando para reducir la corrupción en la administración pública. Dentro de los objetivos de este Programa está el fortalecimiento de los mecanismos de control y sanción que ejerce el Estado peruano a través del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil, así como incrementar la conciencia ciudadana sobre la naturaleza del problema y el papel que los ciudadanos deben desempeñar en la lucha anticorrupción.

De esta manera, la lucha contra la corrupción implica un compromiso activo y coordinado mediante una acción colectiva, que reconoce la corrupción como un problema que afecta a los ciudadanos y ciudadanas en su conjunto, motivando su denuncia y la oposición a su práctica.

¿Tienes algún caso que contar en el que, como ciudadano, has dicho NO frente a un acto de corrupción?, comparte con nosotros tu historia en este blog o comenta en nuestro sitio en facebook o presenta tu queja vía on line.

Autor: Carlo Mario Velarde Bazán
Comisionado del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción

UNA ALIANZA ESTRATÉGICA PARA PREVENIR Y DETECTAR ACTOS DE CORRUPCIÓN FIRMARON LA CONTRALORÍA Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO


La Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo acordaron promover y desarrollar acciones conjuntas que permitan una eficaz prevención y detección de actos de corrupción en el Estado, a través de una Alianza Estratégica que suscribieron hoy.

El documento suscrito en horas de la mañana por el Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, y la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero, precisa que se pretende establecer mecanismos de cooperación mutua –en el marco de sus competencias funcionales- para el fortalecimiento de las capacidades internas de ambas instituciones, para promover la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y fomentar una mayor transparencia y fortalecimiento de la ética pública en el país.

Las principales líneas de acción en la ejecución de la Alianza Estratégica contemplan la capacitación en materias de derechos humanos, vulneración de derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, control gubernamental, denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción, entre otros. Asimismo, la coordinación de mecanismos relativos a la prevención, detección y lucha contra la corrupción; así como la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.

El convenio, que tiene una vigencia de dos años, precisa que ambas entidades se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución de la presente Alianza Estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


http://www.programaumbral.pe/noticiasdesc.asp?id=118

Derecho a Indemnización

Intervención oportuna de la Defensoría del Pueblo, para que el Afocat de Trujillo cumpla con indeminización.

http://www.clippingmedia.com/custm/notas.php?cod=1037889&pass=3c92c580ec4

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Mañana aprobarían proyecto para que Contraloría pueda sancionar


Mié, 17/11/2010


El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, José Vega Antonio, pidió el apoyo de todas las bancas parlamentarias para aprobar el proyecto que otorga facultades sancionadoras a la Contraloría General de la República, cuyo dictamen se votará en la sesión plenaria de mañana.

Vega Antonio recordó que dicho proyecto pasó a cuarto intermedio en el Pleno del Congreso, la semana pasada, pues se realizaron algunas observaciones que debieron ser estudiadas.

“Ahora está en la agenda en el pleno y mañana ya entraría a votación; vamos a coordinar para que sea uno de los primeros temas pues creemos que es una importante herramienta contra la corrupción en el país”, sostuvo.

El parlamentario de las filas de UPP manifestó que algunos funcionarios cometen actos irregulares y continúan ejerciendo sus cargos públicos con impunidad.

Por tal motivo, reiteró que es necesario aprobar esta iniciativa presentada por la Contraloría General de la República.

“Es un tema prioritario para el país y vital para la lucha contra la corrupción que nos permitirá avanzar frente a malos manejos y acciones que van en desmedro de las instituciones que manejan recursos públicos”, indicó.

Recordó que incluso el presidente de la República, Alan García Pérez, pidió aprobar cuanto antes esta iniciativa para no permitir que más funcionarios públicos incurran en faltas administrativas sin ser sancionados.

Asimismo, informó que la iniciativa presentada por la Contraloría General de la República para auditar los fondos administrados por organismos internacionales mediante convenios con entidades públicas ya fue aprobada en la comisión que preside.

Manifestó que la próxima semana ya entraría al Pleno del Congreso y destacó que esta iniciativa también debería ser sancionada a la brevedad, pues quedan pocas sesiones en el Congreso.

http://www.larepublica.pe/17-11-2010/piden-bancadas-aprobar-proyecto-para-que-contraloria-pueda-sancionar

domingo, 14 de noviembre de 2010

Contralor General de la República expuso ante Comisión del Congreso


LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION
Más de 1200 funcionarios se encuentran denunciados

El Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, se presentó esta tarde ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, donde informó que existen más de 1200 funcionarios que han sido denunciados e investigados por la presunta comisión de delitos en agravio del Estado.


El Contralor General expuso además sobre el Plan Estratégico 2010-2012 de la Contraloría General de la República y el Nuevo Enfoque de Control.


Manifestó que durante su presentación, el Contralor Fuad Khoury, señaló que la corrupción es un peligro latente y es necesario combatirlo frontalmente, debido al elevado riesgo que representa para el país.


“Todos los congresistas de la Comisión de Descentralización le expresamos al Contralor General nuestro total respaldo y apoyo a su gestión, encaminada a combatir la corrupción, que se ha vuelto un flagelo para la sociedad peruana, que impide el crecimiento de las inversiones y afecta el normal desenvolvimiento de los diversos niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local”, dijo el legislador lambayecano.


Afirmó que se solicitó a la Contraloría mayor celeridad en las acciones de control y de auditoría, para evitar que los responsables de las irregularidades evadan su sanción y los delitos no queden impunes, para lo cual añadió se requiere de la participación de todos los agentes de gobierno y de la ciudadanía, así como que se implanten directrices claras sobre anticorrupción y sanciones ejemplares.


Finalmente, comentó que en el caso del departamento de Lambayeque existen más de diez casos que fueron denunciados por los Congresistas lambayecano ante la Contraloría y que a la fecha están a la espera de los resultados de la evaluación que debe ejercer los funcionarios del Órgano de Control.

Lima, 09 de noviembre de 2010

TEMA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

FISCALIZACIÓN

1. MODIFICACIÓN DE LA LEY NÚM. 27785, LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR EL PROCESO PARA SANCIONAR EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

Proyecto de ley núm. 4210.- Se propone incorporar a la Ley núm. 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el subcapítulo II “Proceso para Sancionar en Materia de Responsabilidad Administrativa Funcional” en el Capítulo VII del Título III, con la finalidad de que la Contraloría General de la República ejerza su potestad sancionadora; así como un párrafo al inciso d) del artículo 22°, sobre atribuciones de la Contraloría; y modificar el artículo 11°, sobre responsabilidades y sanciones derivadas del proceso de control, de dicha Ley.

Iniciativa: Contraloría General de la República

La Junta de Portavoces, en sesión del 31 de agosto de 2010, acordó la exoneración del plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen que presente la Comisión de Fiscalización, la ampliación de agenda y la prioridad en el debate.

La Junta de Portavoces, en sesión del 7 de setiembre de 2010, ratificó la prioridad en el debate del dictamen que presente la Comisión de Fiscalización.

Con dictamen en mayoría de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 23 de setiembre de 2010.

La Junta de Portavoces, en sesión del 26 de octubre de 2010, a solicitud del congresista Escudero Casquino, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión por el Perú, acordó la ratificación de la prioridad en el debate.

En la sesión del Pleno del 4 de noviembre de 2010, se inició el debate y pasó a un cuarto intermedio, quedando por resolver la cuestión previa planteada por el congresista Otárola Peñaranda en el sentido de que el proyecto pase a la Comisión de Constitución y Reglamento.

Según el artículo 106° de la Constitución Política y el inciso b) del artículo 81° del Reglamento del Congreso, su aprobación requiere del voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número legal de Congresistas, porque se trata de modificación de una ley orgánica.


Ver Expediente N° 04210

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Servicio de Atención de Denuncias

Introducción

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República-Ley Nº 27785, establece como una de las atribuciones de la Contraloría General, recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones de la administración pública, otorgándoles el trámite correspondiente, sea en el ámbito interno o derivándolas ante la autoridad competente; estando la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio de reserva (artículo 22 inciso n).

Igualmente, el Reglamento de los Órganos de Control Institucional, aprobado por Resolución de Contraloría N° 114-2003-CG del 8.ABR.2003, consigna como una de las funciones de dichos órganos, recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva (artículo 28 inciso g).

El Servicio de Atención de Denuncias a cargo de la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, tiene como función principal promover y hacer posible la intervención directa y organizada de la población en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y servidores del Estado, en la correcta administración de los bienes y recursos públicos, incluyendo aspectos relacionados con la gestión ambiental, recursos naturales y patrimonio cultural de la Nación, intensificando de esta manera la lucha contra la corrupción en las entidades públicas.

Para tal efecto, se brinda una atención personalizada a los ciudadanos, orientándolos sobre la función del control gubernamental y la forma como pueden presentar y sustentar sus denuncias, adquiriendo con ellos el compromiso de informarles sobre la situación de los expedientes en el momento que lo soliciten y comunicarles los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas.

Periodista peruano presenta su investigación lanzando un libro

«Estafa al Perú» corrupción y mafias en el poder
por Herbert Mujica Rojas*

¿Ha leído usted que alguien haya hecho cuestión de Estado por la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Perú? La respuesta probable –o casi segura es que no. Tal parece que los derechos humanos de millones de peruanos a quienes se enajena su primer Terminal aéreo no están dentro del menú de las preocupaciones cotidianas de ningún grupo en particular ni en general. Sin embargo ¿qué debe hacerse en los países, cuando, vía monstruosas maquinarias de propaganda y engaño, desde el mismo Estado, el concesionario (s) y los medios de comunicación, se impulsan fraudes como el habido contra el Perú a través de la empresita Lima Airport Partners (LAP) desde hace más de un lustro? Usted podrá leer esta investigación gratuitamente entrando aquí y bajando el libro.


http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/ESTAFAALPERU.pdf

domingo, 7 de noviembre de 2010

Actos de corrupción en la mira

Con la reciente publicación de la Ley Nº 29542, denominada “Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal”, los actos de corrupción tienen los días contados. Esta ley otorga garantías a los denunciantes frente a las amenazas o represalias laborales de las que pudieran ser víctimas, y los protege reservando su identidad.

No cabe duda de que esta ley constituye un incentivo eficaz para obtener información útil en la investigación de casos por corrupción y la aplicación de sanciones adecuadas contra quienes resulten responsables. Sin embargo, la protección del denunciante no solo debe circunscribirse al entorno laboral.

Un aspecto de vital importancia, no abordado por la actual norma, es el referido a los beneficios que obtendrían las personas que denuncien algún delito, toda vez que solo contempla aquellos que se otorgan por colaboración eficaz. Pero ¿qué ocurre cuando los denunciantes no han participado del delito, sino que más bien quieren denunciar uno cometido por terceros? La norma actual no contempla expresamente esta situación.

En estos casos, consideramos necesario recurrir a la normativa de protección de testigos o colaboradores previsto en el Código Procesal Penal y en el Decreto Supremo N° 003-2010-JUS. De esta manera se garantizará la efectiva implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Asimismo, es necesario destacar que la efectividad de la denuncia presentada al amparo de esta norma dependerá en buena parte de la capacidad de la Contraloría General de la República como autoridad competente para la recepción y evaluación de las denuncias, para lo cual debe dotársele de las herramientas necesarias.

Desde la Defensoría del Pueblo alentamos a los funcionarios públicos, ciudadanos y ciudadanas a que denuncien los actos de corrupción, de este modo promoveremos la ética pública en nuestro país y, con ello, a la efectiva vigencia de los derechos fundamentales de las personas.

Te invitamos a comentar y debatir sobre el tema en este espacio o en nuestra página en facebook.

Autora: Marcia Anabel Águila Salazar



http://puma.defensoria.gob.pe/blog/?p=1606

Se compran armas... ¿Y MI COMISIÓN ?

Entre 1994 y el 2000 se emitiron centenares de Decretos de Urgencia a fin de exonerar a las instituciones de los requisitos de licitación y concurso público. Bajo esta modalidad delictiva se desviaron fondos destinados a las Fuerzas Armadas, que permitieron establecer una red de traficantes de armas, encabezada por Montesinos en sociedad con Fujimori.


La principal fuente de financiamiento ilícito de Fujimori y Montesinos fue la compra de armas. Establecieron una red de traficantes de armamento que les permitía ganar altas “coimisiones” por la compra de ciertos equipos, en muchos casos inservibles.

Varios de los traficantes que integraron estas redes, como James Stone y Sarkis Soghanalian, han reconocido que aportaron a una “bolsa” para Fujimori. Para ello, realizaban la triangulación de cuentas poniendo el dinero en cuentas en el extranjero, que luego regresaban al país bajo otros nombres.

Entre 1990 y 2000, Fujimori aprobó normas secretas que permitieron utilizar US$ 1´885, 675,000. “La concentración de adquisiciones se organizó a través de tres grupos de proveedores vinculados a la red de corrupción”, concluyó la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros (CIDEF). Ellos se beneficiaron del 44.5% del total de fondos del sector Defensa durante toda la década, es decir obtuvieron contratos por más de US$840 millones de dólares. Una enormidad de dinero.

LOS "GORDOS"

Los principales grupos eran: los vinculados a la empresa “W21Intertechnique", conocidos como los “Gordos” integrado por Alberto Venero, Óscar Benavides Morales, Moshe Rotschild y Luis Duthurburu (US$473´139,330); y James Stone Cohen y sus socios, Ilan Weil Levy, Fernando Carulla, entre otros (247´815,034).

Por ejemplo, en una de las adquisiciones más importantes que se hizo, se compró a la empresa de Moshe Rotchild repuestos Mercedes Benz y otros insumos, permitiéndose la demora de los procesos para darle tiempo a que se adecue a las normas establecidas para ese tipo de operaciones. Así, se aprobó comprarle en 1994 y se recibieron los repuestos recién en el 96. Es más, lo adquirido no cumplía con lo requerido por el Ejército. El ex militar acogido a la colaboración eficaz ha relatado ocasiones en las que el mismo Fujimori lo llamaba para ordenarle que se le comprara a la empresa de su amigo del alma.

El Último Negocio…Inventemos El Plan Siberia Para Librarnos.

El último negocio que realizaron Fujimori y Montesinos fue el vinculado al caso “Tráfico de armas de las FARC”. En este caso, los traficantes contactados fueron Sarkis Soghanalian y Charles Acelor, quienes han señalado que se trató de un negocio de Estado a Estado, entre Perú y Jordania. Sarkis ha declarado que se reunión hasta en tres oportunidades con Vladimiro Montesinos, y una con César Saucedo Sánchez, además de que le remitió regalos a Alberto Fujimori.

Asimismo, Soghanalian ha informado que la transacción original era por más de 24 millones de dólares correspondientes a 50,000 fusiles, misiles y otras armas. Sus viajes a Lima fueron por invitación de los militares peruanos. Las armas fueron a parar a las FARC colombianas en una operación clandestina, ilegal y que pone en riesgo la seguridad de Colombia y el Perú.


Ante la inminencia de la información obtenida por las autoridades colombianas, que lograron interceptar el negociado en los primeros 25,000 fusiles, Fujimori y Montesinos en una conferencia de prensa pretendieron hacer creer que bajo el Plan Siberia (que no existió) habían detectado y neutralizado a una banda liderada por los hermanos Aybar Cancho que estaba entregando armas a las FARC de Colombia. Basta decir que los paracaidistas que participaron en las entregas ilegales han declarado que “fueron convocados por el Jefe de la II Región Militar, general Carlos Indacochea”, lo que demuestra que era una operación dirigida desde la más altas esferas.

Vladimiro Montesinos ya fue condenado a 20 años de prisión por este caso. Pero habiendo pasado meses, el gobierno de Alan García todavía no ha tramitado un nuevo cuadernillo de extradición para que la Corte Suprema de Chile permita que Fujimori sea juzgado también por este caso


http://bajolalupa.org/13/10_tex.html

CON SACO Y CORBATA

Una de las mayores amenazas para el desarrollo económico global es la corrupción que se viste de saco y corbata. Es un mal que esta institucionalizado, que corroe a cualquier régimen económico, político y judicial.

ESCRIBE: ÓSCAR UGARTECHE


Una parte de la discusión entre si el Mercado o el Estado deberían ser el motor del desarrollo, dicotomía anacrónica y estéril del siglo XIX, consistió en argumentar que el Estado es siempre corrupto. Para los amantes de dicho debate, la actuación actual de los gobiernos estadounidense y europeos son ejemplares de que no hay contradicción. Existe un cuerpo teórico muy grande que utiliza, por ejemplo, Transparencia Internacional de Alemania, que centra su análisis de la corrupción en el costo para una empresa de operar en un país en términos de pagos a funcionarios públicos.


Dicho cuerpo teórico considera al funcionario público como un parásito que en esencia cobra a los agentes privados por cumplir con su función pública. De esta forma “se aceita el engranaje”. En ese cuerpo teórico la lucha contra la corrupción se hace eliminando el papel del Estado. En México el examen de manejo para sacar la licencia se eliminó como una manera de luchar contra la corrupción.


Las reformas neoliberales de los 90 tuvieron como una de sus esencias filosóficas la lucha contra la corrupción a partir de la reducción del Estado. Esa fue la razón por la cual el Banco Mundial se tornó en el partido político de Fujimori y le brindó la asesoría económica desde el día inicial de su mandato. Era su aparato pensante y financiador. El problema es que en el camino se pudo ver como los defensores de la iniciativa privada enquistados en el Estado abusaban de él, haciendo de la teoría agente principal un juego de niños.


EL GATO DEL DESPENSERO


El asesor del ministro de Economía vendía Aero Perú al mismo tiempo que lo compraba junto a su socio mexicano a quien le montó un directorio y estructura de accionistas como para que pareciera que eran inversionistas extranjeros asociados a nacionales cuando en realidad era uno solo y ese acabó en la cárcel en México poco después. Otro asesor del ministro de economía asesoraba al mismo tiempo a la banca acreedora en un claro caso de prevaricato.


Un banquero que hoy se ha definido como “centro izquierdista” colocaba a sus funcionarios en el despacho del ministro de Economía para tener información privilegiada y mover dinero público a sus arcas. La corrupción estaba afuera del Estado. Para ver donde está el corrupto baste ver quién es el beneficiado final de las acciones ilegales.


En un acto de vileza se compraron armas de segunda mano en efectivo por 1,800 millones de dólares a una empresa en la que eran socio Montesinos y dos más y cuya cuenta está en el BBVA de Gran Cayman. Son las armas con las que se peleó en el conflicto del Cenepa. Se compraron con decretos secretos de urgencia de espaldas a mecanismos de rendición de cuentas. Quién sabe si haya más socios en esas compras. Baste ver las fotos en Caretas de los visitantes a los vendedores de armas en Rusia para entender que no eran solo Montesinos y tres más.


En la cárcel hay varios ministros de economía de ese régimen y el infaltable longevo ministro que pasó cinco años de detención domiciliaria, tantos como de ministro casi. No hay en cambio, sentenciado o detenido algún empresario, abogado o banquero de los muchos que fueron beneficiarios directos e instigadores de los delitos de cuello blanco. Finalmente, en el gran final del régimen cleptocrático que logró hacer humo 7,000 de los 9,000 millones de dólares obtenidos por la privatización, remuneraron al asesor del SIN con 15 millones de dólares en efectivo. Eso se va a enjuiciar pronto.


En el exterior hemos visto delitos de cuello blanco en los casos de Enron, donde con la ayuda de la empresa auditora Arthur Andersen lograron encubrir 38,000 millones de dólares de deudas como si fuesen 13,000. Hasta que los 25,000 millones restantes salieron a buscarlos como los fantasmas, enterrando a Enron que era la empresa energética más grande del mundo y en camino haciendo desaparecer a la auditora. Se hizo evidente que a las empresas auditoras les paga el cliente y que mientras más grande es el cliente, más flexibilidad tienen para encubrir cuentas poco transparentes.


También fueron las empresas auditoras y las calificadoras de riesgo las que pasaron de la banca comercial al mercado de valores, las hipotecas de mala calidad, haciendo uso de su poder de crear reputaciones cuando lo único que hacían era repetir lo que su cliente importante decía. Eso hacen hoy las calificadoras de riesgo internacionales y lo siguen haciendo en lo que se llamaría un contubernio con sus clientes importantes.


MADOFF Y MARIQUE


Más recientemente está el caso Madoff donde un elegante banquero personal ocultó a sus clientes el modo como desviaba el dinero de sus cuentas, maquillándolas con la ayuda de sus auditores. El banco más grande del Perú, el más importante y poderoso, perdió un par de millones propios y otros 60 ó 70 de sus asesorados con este estafador de cuello y corbata, mostrando así que no hacía su trabajo básico como asesor de inversiones. En el Perú hemos tenido también el inmemorial caso CLAE-Manrique, que pulverizó los ahorros y dejó en la calle a la clase media que se había quedado sin empleo por efecto de la reducción del Estado.


Hace apenas tres meses se hizo evidente que el Stanford Group de propiedad de Allen Stanford, que hacia banca personal, en realidad desviaba los fondos de los depositantes a cuentas secretas del propietario del banco engañando a gente muy rica de Estados Unidos, América Latina y Europa. Ahora están en los juicios para intentar recuperar el dinero. En común entre todos está una actitud de estar por encima de la ley. La justicia es una “disneylandia” que puede ser comprada porque todo se compra. Hasta ahora casi todos los casos han demostrado que esos empresarios tienen razón. La justicia se puede esquivar si el poder es grande.


En el Perú, el inicio del juicio por los 15 millones del pago Montesinos nos va a recordar a todos que no solo se trató de un gobierno intolerante sino de un régimen cleptocrático y mafioso que gobernó con la ayuda de un pequeño sector de empresarios, banqueros, abogados, consultores de empresas, directores de medios de comunicación que hicieron su agosto.

¿CUÁL ES EL NEGOCIO? EL PEAJE PUES

Kouri es el protagonista de varios “vladivideos” de la década de la corrupción, un negocio que nació en la salida del SIN fue el ilegal cobro del peaje del Callao


La “Vía Expresa del Callao” en la avenida Faucett es materia de un “vladivideo” donde Montesinos habla del otorgamiento de la buena pro. José Francisco Crousillat, que cobraba millones por vender los noticieros del canal 4 a la dictadura, pregunta: “¿cuál es el negocio?”. Alex Kouri responde: “El peaje, pues”. En efecto, en los años posteriores los peruanos pagamos cerca de 35 millones de dólares por peaje, sin que se hiciera obra alguna que lo justifique.



LAS IRREGULARIDADES


De acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, la Municipalidad Provincial del Callao, entonces a cargo de su alcalde Alexander Kouri Bumachar, a la fecha de convocatoria del Concurso Público (21 de junio de 1999) para la entrega en concesión del diseño, construcción y explotación de la Vía Expresa del Callao, no contaba con las atribuciones y competencia para emitir dicho acto administrativo. Esta competencia correspondía a la PROMCEPRI (ahora PROINVERSION).


Ese mismo mes empezaron a moverse los hilos del negocio para que fuera altamente rentable. En ninguna parte del mundo se cobra peaje en calles de la ciudad. Nunca antes se había cobrado peaje en una avenida de Lima. Por eso, para justificarlo, tuvieron que decir que la avenida Faucett no era una calle de la ciudad, sino parte de la Panamericana Norte, como si estuviera fuera de los límites de Lima Metropolitana. Así, el entonces ministro fujimorista de Transportes y Comunicaciones, Alberto Pandolfi, emite la Resolución Ministerial 276-99-MTC-15.02, que incorpora la avenida Elmer Faucett a la carretera Panamericana, por tanto, a la Red Vial Nacional, permitiéndose con ello el cobro de peaje.


El siguiente paso fue convocar a un Concurso Público de Proyectos Integrales. Lo ganó un consorcio que tiene como uno de los accionistas principales a Roberto Dall’orto Lizarraga, sobrino del que fuera Presidente del Comité de Concesiones del Concurso Público para la ejecución de la Vía Expresa Callao, ingeniero Augusto Dall’orto Falconi, quien meses después se convertiría en suegro del ex Alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, Alexander Kouri. ¡Qué coincidencia!


Uno de los requisitos de este Concurso era que las empresas postulantes cuenten con un capital social mayor a de S/. 42’000,000. Sin embargo, al término del plazo para suscribir el Contrato de Concesión, marzo del 2000, la empresa concesionaria peruano-argentina, conformado por Concesiones Perú S.A.C, CCI Construcciones S.A. Sucursal del Perú y CCI Concesiones S.A. (que posteriormente se constituirían en Convial Callao S.A) se encontraba imposibilitado para suscribir dicho contrato, pues no contaba con el capital social mínimo requerido.


En ese momento, el municipio del Callao en vez de convocar a una nueva licitación, postergó hasta en seis oportunidades –por más de 10 meses– la firma del contrato, tiempo que le permitió a la empresa concesionaría obtener mayor capital social. Esta empresa, como hemos visto, tenía como uno de sus socios al sobrino del presidente del Comité de Concesiones, a su vez suegro de Alex Kouri. En esos diez meses el consorcio pasó de tener un millón a tener doce millones de soles de capital social, siendo el capital exigido en el contrato de 42 millones de soles. Aún no cumplía los requisitos legales, pero igual se le permitió firmar el contrato de concesión.


Las irregularidades no acabaron allí. Luego de suscrito el contrato, se hicieron siete adendas (modificaciones) que desnaturalizaron por completo el proyecto original: los requisitos originales se fueron diluyendo con el tiempo. Con ello se permitió extender el plazo de ejecución de las obras de 24 hasta casi 60 meses, y se permitió el cobro de peaje, que sólo debía hacerse una vez culminadas todas las obras, con un avance de las mismas del 21%, menos de una quinta parte.

Pero ¿acaso se han avanzado 21% de las obras? Ni siquiera hay informes validados por el Municipio del Callao que confirmen eso. Igual se les permitió cobrar peaje durante más de tres años.


Superan los mil días, los que los chalacos, limeños y peruanos hemos estado obligados a pagar por ese peaje. Así, se impuso la cobranza más cara del mundo: un sol cincuenta (medio dólar) por apenas un kilómetro y medio de recorrido, siendo los estándares internacionales de US$ 1,50 por cada 100 kilómetros.


LA CONTRALORÍA ENCUENTRA RESPONSABILIDADES


La Contraloría General de la República detectó irregularidades en los siguientes pasos: concesión y construcción de la cuestionada vía en el contrato firmado entre Kouri -entonces alcalde del Callaoy Convial Callao S.A. Al respecto, la Contraloría ha encontrado que las sucesivas modificaciones al contrato original podrían deberse a una colusión entre Kouri y Convial.

Por este hecho irregular, Alex Kouri, actual presidente regional del Callao, fue denunciado por la Contraloría General de la República a nombre del Estado.


La denuncia de la Contraloría considera los delitos de usurpación de funciones, omisión de actos funcionales y aprovechamiento indebido del cargo. Asimismo, en agosto de 2008, el fiscal anticorrupción Oscar Zevallos solicitó al Poder Judicial ordenar el embargo preventivo de los bienes del presidente regional del Callao, 20 funcionarios ediles y de un grupo de representantes de la empresa Convial, todos comprendidos en la denuncia fiscal por este caso. La denuncia se basó en informes de la Contraloría General de la República, Sunat, Superintendencia de Banca y Seguros y de la Policía Anticorrupción.


Contraloría recomendó, entonces, en aras del derecho de los usuarios y la comunidad en general lo siguiente: nulidad de contrato de concesión; la búsqueda de nuevas y mejores condiciones de contratación y la suspensión del cobro del peaje, en tanto se resuelva la controversia.


Este caso conllevó a una serie de reclamos y protestas de la ciudadanía. Finalmente, un fallo judicial dejó sin efecto la cobranza y el funcionamiento de la empresa. Pero queda muy claro -ante los hechos evidentes- que el cobro del peaje favoreció a una empresa de un familiar de Alex Kouri, político ligado al fujimorismo y al presidente Alan García. El actual Vicepresidente, Luis Giampietri, pertenece al movimiento político de Kouri.


El juicio que se ventila en el Poder Judicial contra los presuntos responsables evidencia que hay sobradas razones de sancionar a los implicados de este caso. La pregunta que se hacen los peruanos ante tantas influencias de impunidad es, ¿será otro juicio intocable de la clase política que gobierna el país?

Filmado


El peaje de la Av. Elmer Faucett fue un negocio ilícito que nació en la década de la corrupción, precisamente, en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Así lo confirma un vladivideo filmado en la misma salita en la que todos los peruanos vimos a Vladimiro Montesinos pagando fajos de dólares a Alberto Kouri, el hermano de Alex Kouri entonces congresista elegido por la oposición, para pasarse a las filas del fujimorismo.


http://bajolalupa.org/13/09_tex.html

Keiko Fujimori LO QUE LA HEREDERA NUNCA SUPO RESPONDER

A pesar de las permanentes contradicciones de la actual congresista Keiko Fujimori sobre la procedencia del dinero de la educación de ella y de sus tres hermanos, existen investigaciones que señalan que el ex mandatario gastó nada menos que un millón 225 mil dólares en educación, viajes y alimentación de sus hijos.


¿Cuánto gastó Fujimori en la educación de sus cuatro hijos? El expresidente Alberto Fujimori empleó un millón 225 mil dólares en la educación de sus cuatro hijos, mientras ellos estudiaban en universidades de los Estados Unidos. Así lo determinaron los informes elaborados por la Contraloría General de la República. La cifra mencionada corresponde a la educación superior en sí, e incluye la compra de libros y otros gastos académicos; pago de las cuotas universitarias; viajes y alimentación.


Entre 1991 y 2000, Fujimori desembolsó 839 mil 881 dólares por educación superior, por el costo de las universidades: 354 mil 881 dólares; y por viajes y alimentación: 485 mil dólares. (se presume con fondos públicos). “Estas cifras no podían ser cubiertas por los ingresos que percibía Alberto Fujimori como funcionario público, lo que evidencia una fuente de financiamiento cuya procedencia se desconoce”, indica la Contraloría. El peritaje se hizo sobre los bienes y cuentas del ex mandatario.


El ex pediente da cuenta que Fujimori, como presidente del Perú (1990-2000) y ex rector de la Universidad Agraria, acumuló ingresos por 148 mil 741 soles, y de esa cantidad, gastó 36 mil 282 soles en educación secundaria de sus cuatro hijos: Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi. Además señala que la primogénita de Fujimori (Keiko Sofía), recibía diez mil dólares por cada viaje que realizaba a los Estados Unidos. Según la Contraloría, viajó 68 veces, lo que da un total de 124,600 mil dólares. Añade que en noviembre del 2000, Fujimori depositó la suma de 70 mil dólares a nombre de su tercera hija, Sachi Marcela, en una cuenta bancaria del Citibank de New York, donde permaneció hasta diciembre del 2000. Asimismo, que en marzo del 2001, el ex mandatario depositó en la cuenta Nº 5411542108 del citado banco, cinco mil dólares a nombre de su hija Sachi.



KEIKO ENTRO EN CONTRADICCIÓN


¿Cómo justifica la procedencia del dinero de sus estudios el legado Fujimori? En enero de 2001, Keiko Sofía, golpeada por la caída del régimen fujimorista por actos de corrupción, manifestó ante la Comisión Investigadora que presidía el congresista David Waisman que el dinero para las universidades lo recibía de manos de su padre, es decir, dinero en efectivo.


“La universidad estatal en esos momentos costaba alrededor de cinco mil dólares el ciclo entero, incluyendo gastos de habitación y comida, más o menos. En el caso de Boston University, incluyendo gastos de comida y alimentación, costaba aproximadamente 13 mil ó 14 mil dólares el ciclo entero… el dinero me lo entregaba mi padre. Yo lo depositaba en una cuenta estudiantil bancaria en Boston. Saqué tarjeta de crédito estudiantil también y yo misma pagaba la cuenta, de la tarjeta de crédito, y la universidad la pagaba yo personalmente”, señalaba entonces Keiko. Posteriormente, bastante asesorada, afirmaría que sus estudios fueron solventados con el dinero de la venta del terreno de su padre.



EL TUNEL DEL TIEMPO


Sin embargo, los peritos de la Contraloría asignados a la Corte Suprema de Justicia, al hacer un seguimiento a los gastos de los vástagos del ex presidente, indica que los supuestos 327 mil 375 dólares, producto de la venta del terreno que Alberto Fujimori habría dado a sus hijos para solventar sus gastos universitarios no fueron utilizados oportunamente.


Los repor tes del Citibank de Nueva York (banco en el cual Keiko y Sachi abrieron cuentas durante su estadía en EE.UU) informan que entre noviembre del 2000 y marzo del 2001, Keiko realizó una serie de movimientos en sus cuentas que evidencian que los hijos de Fujimori recién dispusieron de este dinero proveniente de la venta del terreno en 1999 y lo gastaron en marzo del 2001, cuando ya habían terminado de estudiar en los EE.UU. No olvidemos además que Vladimiro Montesinos reveló ante los tribunales anticorrupción en julio de 2001 que Fujimori pagó los estudios de sus hijos con dinero proveniente del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).


Las investigaciones de la Contraloría y los movimientos bancarios realizados a solicitud de la Procuraduría Ad Hoc del caso Fujimori- Montesinos han corroborado que la ex primera dama de la nación y hoy, lamentable lideresa del fujimorismo, tiene una investigación pendiente. Los montos gastados por Fujimori en la educación de sus hijos están comprendidos en el desbalance patrimonial que encontró la Contraloría General de la República, cuyas conclusiones fueron entregadas al Poder Judicial. De acuerdo con la Contraloría, durante su gobierno (1990- 2000) Fujimori malversó fondos del Estado y se apropió ilícitamente de 916 millones 67 mil 191 soles. Suma respetable de la cual pagó la educación de sus hijas.



HEREDANDO EL REINO


La campaña fujimorista que se inició con el juicio a Alberto Fujimori, mostró el rostro frío y calculador de la heredera del ex mandatario. Ella se comprometió con el fujimorismo a indultar a su padre el 2011. Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la candidata oficial después que el ex presidente la nombrara como la sucesora de un legado monárquico.


A partir de entonces, Keiko nunca hizo mención de la agenda nacional de su movimiento político. Los peruanos no escuchamos, de parte de ella, ninguna propuesta en aspectos económicos y sociales para el país. Siendo una de las congresistas más votadas, tampoco conocemos sobre algún proyecto de ley relevante presentado como congresista, es decir, el país desconoce la producción legislativa de una candidata cuya única consigna es liberar a su papá.


Desde que su progenitor fuera condenado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros en los sótanos del Pentagonito, la candidata atacó al Poder Judicial con un cinismo digno de su padre. Señaló que no sirve para nada, pero olvida que el Poder Judicial estuvo sometido durante el gobierno de Fujimori bajo las indicaciones de Vladimiro Montesinos, quien resolvía los juicios en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).


El periodista Fernando Vivas, al respecto de Keiko Sofía señala en su artículo: “Keiko, la peor de todas”:… “La hija mayor de Fujimori ha hecho mucho daño, sosteniendo que hacía el bien (su padre). Cuando se le ocurrió denunciar a Montesinos a los medios de comunicación en el caliente año 2000, no buscaba una salida democrática para el país, sino una coartada para la fuga de su papá, un tiempo de gracia para que hiciera maletas y, de paso, llenar otras con los videos que, si llegaríamos a ver alguna vez (lo dudamos), quizá expliquen cómo así le pudo pagar –a su heredera– los costosos estudios en las universidades de Boston y Columbia”.

15 MILLONES DE DÓLARES AL BRAZO EJECUTOR

Vladimiro Montesinos cobró a Fujimori 15 millones de dólares por silenciar los actos de corrupción que involucran al ex presidente, según Carlos Boloña, entonces Ministro de Economía, ese dinero sirvió para solucionar un problema de gobernabilidad que generó la difusión del vladivideo Kouri-Montesinos.


Aunque Fujimori y sus seguidores han pretendido negarlo, Montesinos era la persona en la que más confiaba, pues era su asesor y brazo ejecutor más eficiente. En juicio, Fujimori ha señalado que, por lo menos, hasta el 2000, considera que Montesinos le fue leal. Era tan leal, que el primer juicio por corrupción en el que Fujimori deberá responder será el denominado “15 millones”.


El caso está vinculado a la entrega de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos (que pretenden hacer creer era la CTS), cuando éste ya había sido puesto en evidencia con la difusión del video Kouri – Montesinos. Para ello, Fujimori emitió un Decreto con fundamentos falsos, ordenó el desvió de fondos del Estado y cumplió con pagarle a su colaborador más leal.


Los documentos y testimonios presentados en este caso no permiten lugar a dudas, Fujimori replicó lo que fue una constante en su gobierno: desvió fondos, bajo normas con información falsa, para utilizarlo en beneficio de Montesinos. En medio de la crisis, pese a la evidencia de los actos de corrupción de los vladivideos, Fujimori no dudó en recompensar a su brazo derecho, Vladimiro Montesinos y de paso garantizar que no lo delate ante la justicia.


La historia ha demostrado que existe una relación perversa y muy estrecha entre las violaciones de derechos humanos y la corrupción. No son pocos los ex dictadores que fueron acusados de cometer delitos de lesa humanidad, y que se les descubrió grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales, tal como ha sucedido con Pinochet, cuya familia sigue siendo investigada por ayudar a desviar los fondos del Estado para su fortuna personal. Alberto Fujimori no es la excepción a la regla.


Cronología del pago de CTS a Montesinos


Para que no queden dudas de la culpabilidad de Fujimori en este caso, repasemos los hechos ocurridos a finales del 2000:


14 DE SETIEMBRE.


Se hace público el video “Kouri – Montesinos”, que evidencia la compra de congresistastránsfugas (que será materia de un siguiente proceso) para garantizarle a Fujimori una mayoría en el Congreso que no obtuvo con el voto popular en las elecciones del 2000.El parlamentario electo era Alberto Kouri de las filas de Perú Posible y le entregaba 15 mil dólares por su adhesión clandestina.


16 DE SETIEMBRE.


Fujimori da un mensaje a la Nación en el que anuncia la desactivación del SIN y la convocatoria a elecciones sin su participación, pues su gobierno dictatorial era insostenible.


19 DE SETIEMBRE


Fujimori expide el Decreto de Urgencia No. 081-2000, disponiendo la ampliación presupuestal a favor del Sector Defensa para la ejecución de un supuesto Plan ´Soberanía`. El Plan nunca existió, el Decreto era para retirar los 15 millones de dólares del tesoro público para pagar la mal llamada “compensación por tiempo de servicios”, es decir, para pagar el silencio de su ex brazo derecho.
En las investigaciones de este caso, se buscó el famoso Plan Soberanía. Sin embargo, en los archivos del Ministerio de Defensa no existe nada, los testigos y los ex ministros sentenciados por este caso han reconocido que no había ningún Plan. Carlos Boloña ha declarado que sabían perfectamente que lo señalado en el Decreto era mentira, que el dinero no era para el tema militar sino para “solucionar un problema de gobernabilidad que generó la difusión del tristemente célebre video Kouri – Montesinos, al así habérmelo manifestado el Presidente Fujimori”.


22 DE SETIEMBRE


Carlos Bergamino, Ministro de Defensa, solicita la ampliación con arreglo al Decreto de Urgencia; ese mismo día, Fujimori llama a Boloña y le dice que atienda en el acto el pedido de Defensa. Entonces, Boloña en el oficio a su viceministro para que ejecute la transferencia, pone una anotación de puño y letra diciendo “sírvase atender su ejecución”. Alfredo Jalilie Awapara, Viceministro de Hacienda, hace lo propio ante el Director General de Tesoro Público.

Finalmente, en la noche de ese día, el General Luis Muente Schwarz cumple con entregar el soborno al brazo ejecutor de Fujimori. Horas después, Montesinos se embarca rumbo a Panamá, en un jet privado cedido por Dionisio Romero. Montesinos ha declarado que entregó el dinero a James Stone, uno de los traficantes de armas con los que trabajó el régimen de Fujimori, para que lo deposite en las cuentas en Suiza, con el fin de incrementar fondos para la actividad política de Fujimori y sus seguidores. Cabe recordar que Montesinos y varios de los traficantes de armas, como Stone que se ha acogido a la colaboración eficaz, han señalado que el dinero de las cuentas en Suiza es producto de las “comisiones” derivadas de las irregulares adquisiciones de armas así como la “bolsa” que los traficantes hacían para financiar las campañas del reo Fujimori.


2 DE NOVIEMBRE


Fujimori cita a Carlos Bergamino –quien había estado insistiendo en la devolución de los 15 millones al Tesoro Público, al darse cuenta de la magnitud del delito cometido, del viaje a Panamá de Montesinos y ante los hallazgos de cuentas en Suiza– junto con Carlos Boloña, Alfredo Jalilie y su cuñado (ex embajador del Perú en Japón) Víctor Aritomi a Palacio de Gobierno; ahí les entregó cuatro maletas conteniendo quince millones de dólares. Incluso, Bergamino ha declarado que debido al peso de las mismas, entre él y Boloña las sacaron empujando con los pies. Cabe resaltar que tanto los funcionarios del Banco de la Nación así como los miembros del Departamento de Tesorería del Ministerio de Defensa que participaron en la ilegal operación han informado que los billetes entregados por Fujimori no son los mismos que se le dieron a Montesinos. Es decir, Fujimori deberá responder por el origen de esos otros 15 millones de dólares.


7 DE NOVIEMBRE


Fujimori se desespera por encontrar las pruebas que lo incriminan en los actos que cometieron junto con Montesinos, así que decide cometer otro delito más (recordemos que ya tiene una condena a seis años de prisión por el allanamiento ilegal). Ordena a su edecán que se haga pasar por un fiscal y manda allanar la casa de Trinidad Becerra, esposa de su ex brazo ejecutor, confiscó vídeos, joyas, documentos y demás. Todos lo encontrado fue llevado al Grupo Aéreo No. 8, donde Fujimori y su cuñado Víctor Aritomi revisaron el material, separaron los vídeos que los comprometían y dejaron los vinculados a Montesinos. Días después los llevaron a una notaría y Fujimori presentó en público dichos objetos.

Uno de los argumentos para defender a Fujimori es que los 15 millones de dólares que éste devolvió a Bergamino y Boloña, el 2 de noviembre, en Palacio de Gobierno bajo la atenta mirada de su cuñado, fue dinero encontrado en el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra. Obviamente, estarían mintiendo pues la devolución fue cinco días antes de que Fujimori mandara a allanar la casa de Trinidad Becerra. ¿Cómo utilizó un dinero que aún no había descubierto?.


13 DE NOVIEMBRE


Fujimori fuga del país. Finge ir a una Cumbre en Brunei. Hay testimonios que indican que en ese vuelo, utilizando el avión presidencial, Fujimori llevó consigo los videos y documentos que lo comprometían, el dinero, oro y demás bienes que robó al país durante todo su gobierno.